Las tres leyes para contener los efectos del coronavirus COVID-19 en la población y que fueron promulgadas la semana pasada por la presidenta del Senado, Eva Copa, argumentando que se cumplió el plazo para que lo haga el Ejecutivo, aún no pueden aplicarse por su falta de publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, en el marco de la Constitución Política del Estado.

Entre tanto, hay un paquete de siete normativas referentes a la pandemia que se encuentran en análisis y tratamiento en diferentes instancias.

Las leyes para el descuento del 50% en los alquileres, la atención en las clínicas privadas y de donación de plasma fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) y se esperaba que la presidenta Jeanine Áñez las promulgara, sin embargo fueron enviadas a control del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde no procedieron y pese a eso siguen frenadas.

Copa llegó ayer hasta la Casa Grande del Pueblo para presentar una nota solicitando su publicación en la Gaceta y reiteró que la intención del Gobierno es hacer chicanería jurídica, lo que va en desmedro de la población.

“El Ejecutivo ha restringido la correspondencia por ventanilla única. Hoy (por ayer) hemos entregado personalmente porque en la mañana la rechazaron. Ellos no son dueños de la Gaceta y se debe cumplir lo que dice la Constitución”, aseguró.

Entre medio, surgieron versiones en torno a la legalidad o no del accionar de ambas presidentas de los máximos poderes del Estado, que tensan más las relaciones, en medio de acusaciones de intereses políticos con miras a las Elecciones Generales del 18 de octubre.

NUEVO PAQUETE En más de seis meses de la cuarentena, se aprobaron leyes y decretos que permitieron aplacar los efectos de la pandemia. Un nuevo paquete de siete normas está en espera de su aprobación en diferentes instancias.

Las más avanzadas son la ley del dióxido de cloro, de los créditos internacionales y el bono contra el hambre. La primera fue enviada al Ejecutivo el 12 de agosto. Copa aclaró que no se trata de una autorización para el consumo, sino para evitar el mercado negro y la especulación, así como instruir a las universidades que las produzcan y los insumos sean entregados por las gobernaciones y municipios.

“El consumo debe ser informado”, indicó en el programa Buena Noche de OPINIÓN.

También se refirió a que está pendiente la ley para que la Caja Nacional de Salud (CNS) devuelva los recursos a centros privados que atiendan a los asegurados, en medio de la emergencia por la pandemia.

El senador Edwin Rodríguez informó que esta semana está previsto el tratamiento de la ley para la devolución de los aportes de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFPs) y que ya ingresó otra norma para que las gobernaciones y municipios puedan acceder a créditos internacionales y donaciones, lo que permitirá profundizar la autonomía y la inversión para ser autosustentables.

En la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto para garantizar la continuidad del año escolar a través de clases virtuales, la entrega del desayuno escolar en canastas familiares y el pago del bono Juancito Pinto.

POLÉMICA

Copa explicó que están en marcha la ley de arraigo y para la censura de ministros, esta última que busca ser más claros y evitar su retorno al Gobierno como en el caso del ministro de Defensa, Fernando López.

Inconstitucionalidad por devolución

En el proyecto de ley para la devolución de aportes de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), su promotor, el senador Edwin Rodríguez, dijo que fue enviado al Ejecutivo que ya hizo conocer su desacuerdo, sin embargo, la decisión no es determinante porque hay independencia de poderes y lo que corresponde es su tratamiento en la Asamblea.

Explicó que hay tres formas para recuperar estos recursos: la primera, con la modificación de la norma referida a los aportes y la jubilación; la otra mediante ley; y tercero mediante un decreto de inconstitucionalidad.

“El Decreto Supremo 1888 y la Ley de Pensiones obliga a cumplir cierta edad y confisca los recursos del trabajador, eso es inconstitucional y debe quedar sin efecto por lo menos un año. Vamos a presentar un recurso para hacerlo”, expresó.

Dijo también que la norma que propuso en abril, sufrió modificaciones y ahora se encuentra en la Comisión de Política Social del Senado establece un retiro voluntario y excepcional por única vez para quienes tienen hasta Bs 100 mil, que puede ser del total, y para los que tienen más de ese monto un máximo de Bs 100 mil.

“No queremos desequilibrar el sistema financiero. El miércoles se va a sesionar para emitir un informe al pleno camaral y dar viabilidad. Entiendo que hay voluntad de hacerlo”, explicó.

El legislador reconoció que se tienen otros tres proyectos en la comisión de Diputados. Plantean el retiro parcial de quienes perdieron su empleo; un 95% del total; y dar un préstamo al propietario de esos recursos.

Algunos expertos economistas aseguran que cualquiera de estas medidas podría afectar la jubilación del aportante a largo plazo.